Esteban Lazo se dirige a los integrantes del Consejo de Estado durante la sesión del lunes 18 de septiembre de 2023. Foto: Tony Hernández Mena.
(Tomado de portal del Parlamento cubano)
El Consejo de Estado de la República de Cuba acordó convocar la realización de las reuniones de rendición de cuenta de los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular a sus electores en el período comprendido entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2023.
En la sesión de este órgano celebrada este lunes, encabezada por su presidente, Esteban Lazo Hernández, sus integrantes coincidieron en que la rendición de cuenta de los delegados a sus electores es uno de los procesos de mayor importancia que realiza el sistema del Poder Popular, como genuina expresión de democracia socialista.
Mediante ese proceso, los electores conocen, evalúan y se pronuncian sobre la gestión y la labor desarrollada por sus representantes durante un período determinado.
El acuerdo adoptado establece, además, que los Gobiernos Provinciales del Poder Popular y las administraciones locales coadyuvan al desarrollo de este proceso y garantizan, a solicitud del presidente de la Asamblea Municipal, la participación de sus directivos en estas reuniones, dijo Miriam Brito Sarroca, presidenta de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular de la Asamblea Nacional.
Este proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores será el primero de su tipo en el XVIII mandato de los órganos municipales del Poder Popular.
Mirada a la marcha de las medidas para fortalecer la empresa estatal
En la agenda de la sesión de este 18 de septiembre, los miembros del Consejo de Estado evaluaron el cumplimiento de las medidas aprobadas para fortalecer empresa estatal.
El vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, ofreció una detallada explicación sobre cómo, desde el VI Congreso del Partido a la fecha, el sistema empresarial estatal ha sido objeto de múltiples transformaciones, iniciadas en 2011 con la generalización de las facultades ejercidas por las empresas en perfeccionamiento y, en períodos más recientes, con la aprobación de 43 medidas para avanzar en el fortalecimiento de la empresa estatal.
Fueron adoptadas, además, medidas para el desarrollo de sectores específicos, como el agropecuario (63 medidas) y el azucarero (93 medidas), y se implementó el Programa para el perfeccionamiento de las actividades de comercio y gastronomía, entre otras acciones, explicó.
Gil Fernández reconoció que, aún cuando el conjunto de estas transformaciones ha permitido el tránsito gradual hacia un modelo de gestión más flexible, su implementación no tuvo igual comportamiento en los diferentes sectores de la economía ni se han logrado todos los resultados esperados.
Como norma –indicó–, han sido aplicadas por igual a todos los sectores, sin distinguir las características propias de cada actividad, lo que ha limitado su efecto.
“El recrudecimiento del bloqueo, la devaluación de la moneda nacional, la crisis económica mundial provocada por la pandemia de la COVID-19, junto a ineficiencias productivas y el incumplimiento de los ingresos en divisas del país, han provocado efectos negativos en las empresas que, en la práctica, han visto muy limitadas sus capacidades operacionales”, agregó el vice primer ministro cubano.
Luego de profundizar en la situación actual del sistema empresarial estatal y sus principales resultados, Gil Fernández planteó, entre las acciones para continuar avanzando en el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, la necesidad de recuperar los niveles de eficiencia de las principales actividades económicas y lograr su desarrollo sostenible mediante la adopción de medidas transformadoras.
Insistió en que se requieren mecanismos eficientes y sostenibles para el acceso a recursos financieros y materiales fundamentales; flexibilizar la gestión de la fuerza de trabajo, la determinación de los salarios y la formación de precios; establecer criterios de funcionamiento y exigencias de rendimiento diferenciados, y eliminar el exceso de subordinación, como elementos esenciales para la transformación integral de la empresa estatal.
Por último, tras profundizar en las acciones en las cuales se avanza en la actualidad en este tema, destacó la labor desarrollada con vistas a la próxima presentación, en cumplimiento del cronograma legislativo, del anteproyecto de Ley de la Empresa Estatal Socialista.
Aprobados tres nuevos decretos leyes
Durante la sesión, los integrantes del Consejo de Estado adoptaron el Decreto Ley de Costas, cuyo objeto es establecer mecanismos, acciones e instrumentos que deben aplicarse en la zona costera y de protección, dirigidos a su uso sostenible y a la protección de los asentamientos humanos, y los procesos de desarrollo económico y social en estas, explicó Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
A su vez, emitieron la disposición normativa “De las Cooperativas Agropecuarias”.
Ydael Pérez Brito, ministro de Agricultura, explicço que la norma estipula el marco jurídico general que regula la organización, constitución, funcionamiento, integración, escisión, fusión y extinción de las cooperativas agropecuarias.
Además, tiene en cuenta la experiencia en la aplicación normativas relacionadas con este tema, las transformaciones que acontecen en el sector agropecuario y forestal cubano, y las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria que reconocen al sector cooperativo como un actor esencial del desarrollo nacional y territorial.
El Consejo de Estado aprobó también el Decreto Ley Modificativo del Decreto Ley No. 2, “De la mecanización, el riego, el drenaje agrícola y el abasto de agua a los animales”, del 13 de diciembre de 2019.
Ydael Pérez Brito señaló en su presentación que los cambios ocurridos en el escenario económico y social del país desde la aplicación del citado Decreto Ley No. 2 requieren actualizar aspectos de su regulación que han devenido en obstáculos para dinamizar la producción agropecuaria.
Posteriormente, se examinó la implementación de la Ley No. 145, “Del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo”, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 21 de diciembre de 2021 y publicada en la Gaceta Oficial en noviembre de 2022 junto a su reglamento y cuatro resoluciones.
“La Ley No. 145 y sus normas complementarias entraron en vigor el 24 de marzo de 2023 y no han generado grandes cambios en el ejercicio de la actividad, sino que ajustan procedimientos y términos para el ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, lo que facilita su implementación con enfoque de ley”, dijo el general de división Raúl Omar Acosta Gregorich, presidente del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, previamente al análisis de las acciones de implementación desarrolladas.